Informe sobre Fraude Informático y Conflicto de Normas: Análisis del Recurso de Nulidad N.º 780-2022

 Informe sobre Fraude Informático y Conflicto de Normas: Análisis del Recurso de Nulidad N.º 780-2022

1. Objetivo

El presente informe tiene como objetivo analizar desde una perspectiva jurídica el caso expuesto en el Recurso de Nulidad N.° 780-2022, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República. En particular, se busca determinar si los hechos descritos constituyen un delito informático o si deben ser calificados como un delito computacional. El análisis se fundamenta en los hechos probados, el marco normativo aplicable, y los principios legales vigentes en el ordenamiento penal peruano.

2. Hechos del Caso

El caso involucra a Arturo Javier Yrigoyen Velásquez, quien, aprovechando su posición como empleado de MiBanco, accedió de manera indebida al sistema informático de la entidad (Bantotal). Utilizando claves y accesos asignados a otros empleados, desbloqueó saldos bloqueados en su cuenta CTS y realizó transferencias no autorizadas hacia su cuenta personal. Estas acciones, realizadas entre 2011 y 2012, generaron un perjuicio económico a la entidad por un monto de S/ 215,208.00.

En primera instancia, el acusado fue condenado por los delitos de hurto agravado (artículo 186 del Código Penal) y fraude informático (artículo 207-A del mismo cuerpo legal). Sin embargo, mediante la aplicación de la Ley de Delitos Informáticos N.° 30096, el tribunal reconfiguró los hechos bajo la figura de fraude informático, reduciendo la pena inicial de cinco a tres años de prisión efectiva.

3. Normativa Aplicable

3.1. Código Penal

En el momento de los hechos, los delitos de hurto agravado y fraude informático estaban previstos en los artículos 186 y 207-A del Código Penal. Estos artículos contemplaban conductas que involucraban el uso de tecnologías para obtener beneficios ilícitos, aunque con penas menores en comparación con la normativa actual.

3.2. Ley N.° 30096 – Ley de Delitos Informáticos

La entrada en vigor de esta ley en 2013 derogó disposiciones previas del Código Penal y tipificó de manera más precisa los delitos informáticos. En particular, el artículo 8 establece penas más severas para quienes manipulen sistemas informáticos con el objetivo de obtener un beneficio ilícito, como en el presente caso.

3.3. Principio de Retroactividad de la Ley Penal Más Favorable

De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución y el artículo 6 del Código Penal, se aplica la ley más benigna en caso de conflicto de normas penales. En este caso, la Corte Suprema aplicó este principio para reclasificar los hechos bajo la Ley N.° 30096.

4. Análisis Jurídico

4.1. Delito Informático vs. Delito Computacional

Un delito informático se define como aquel en el que un sistema informático es el objeto principal de la conducta delictiva. Por otro lado, un delito computacional utiliza los sistemas informáticos como herramienta o medio para cometer un delito.

En el presente caso, el acusado manipuló directamente el sistema informático Bantotal de MiBanco, alterando datos y transfiriendo fondos. Esto clasifica los hechos como un delito informático, de acuerdo con la Ley N.° 30096.

4.2. Conflicto de Normas Penales en el Tiempo

La conducta inicialmente encuadrada bajo el Código Penal fue reclasificada bajo la Ley N.° 30096 debido a que esta última contempla de manera más específica y favorable la conducta ilícita. Esta decisión refleja una correcta aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna, consolidado en la jurisprudencia peruana.

4.3. Jurisprudencia Aplicable

El Supremo Tribunal reconoció que los hechos debían subsumirse únicamente en el artículo 8 de la Ley N.° 30096, considerando el principio de proporcionalidad y la falta de antecedentes penales del acusado. Esto resultó en la reducción de la pena inicial de cinco años a tres años de prisión efectiva.

5. Efecto en el resto del sistema penal en lo referente al bien jurídico de tutela penal

El efecto del bien jurídico de tutela penal en el sistema penal tiene profundas implicancias en cómo se aplican las normas penales y en cómo estas se adaptan a las necesidades de protección de los derechos y bienes más importantes para la sociedad. El análisis del Recurso de Nulidad N.º 780-2022 ilustra cómo estos principios fundamentales del derecho penal afectan el tratamiento de casos concretos y la evolución normativa.

5.1. El caso concreto y su relación con el sistema penal

En el caso analizado, el sentenciado fue acusado de delitos relacionados con el fraude informático y el hurto agravado. Inicialmente, se le aplicaron normas que estaban vigentes al momento de los hechos. Sin embargo, estas normas fueron derogadas y sustituidas por disposiciones más específicas en la Ley de Delitos Informáticos. Este cambio de norma generó un conflicto legal, ya que la nueva ley resultaba más favorable para el acusado.

La Corte Suprema aplicó el principio de retroactividad benigna, previsto en el art. 103 de la Constitución y el art. 6 del Código Penal, que permite aplicar la norma más favorable, incluso en sentencias firmes. Esto redujo la pena y ajustó la sanción a las disposiciones actuales.

5.2. Impacto en el sistema penal 

El tratamiento de este caso deja claras varias lecciones importantes que afectan al sistema penal en su conjunto:

a) Claridad en la protección del bien jurídico

El sistema penal debe garantizar normas claras y específicas. La Ley de Delitos Informáticos mejoró la precisión en la regulación y sanción del fraude informático, fortaleciendo la seguridad jurídica y beneficiando a la justicia y la sociedad.

b) Adaptación normativa

La derogación de normas anteriores muestra la necesidad de que el sistema penal evolucione para afrontar retos como los delitos informáticos, con regulaciones específicas que protejan eficazmente el patrimonio.

c) Principio de proporcionalidad

La proporcionalidad garantiza sanciones justas en el derecho penal. En este caso, aplicar una ley más benigna ajustó la pena al daño causado, protegiendo al acusado y fortaleciendo la legitimidad del sistema penal.

d) Coherencia y unidad del sistema penal

Un sistema penal coherente debe integrar normas dispersas para simplificar la aplicación de la ley, evitar duplicidades y reducir interpretaciones contradictorias, como demuestra la Ley de Delitos Informáticos en este caso.

5.3. Reflexión sobre el sistema penal

El bien jurídico de tutela penal no solo determina qué conductas serán sancionadas, sino que también orienta las decisiones judiciales para que sean coherentes con los principios fundamentales del derecho. En este caso, el enfoque ayuda a garantizar un balance entre la protección de los intereses sociales y el respeto a los derechos individuales.

Por lo tanto, la tutela del bien jurídico afecta todo el sistema penal al orientar la redacción de las leyes, la interpretación de los jueces y la ejecución de las sanciones. Este equilibrio es esencial para mantener la justicia y la confianza de los ciudadanos en el sistema legal.

Perú: Norma Aplicable: Artículo 103 de la Constitución , Artículo 6 del Código Penal.

Principio Fundamental: En casos penales, la ley más favorable se aplica retroactivamente, incluso cuando la sentencia ya ha sido ejecutoriada. Este principio busca proteger los derechos del procesado y garantizar un trato equitativo.  

Jurisprudencia:El caso del Recurso de Nulidad N.º 780-2022 estableció que las conductas del procesado, inicialmente condenadas bajo los artículos 186 y 207-A del Código Penal, debían ser subsumidas bajo el artículo 8 de la Ley 30096, más favorable al sentenciado. Este criterio sigue precedentes como la Sentencia Plenaria 2-2005/CJ-301-A, que reconoció la excepción al principio de cosa juzgada para aplicar una norma penal benigna.

España:Norma Aplicable: Artículo 9.3 de la Constitución Española, Artículo 2.2 del Código Penal.

Principio Fundamental: El principio de retroactividad benigna es obligatorio y aplicable en todos los casos, incluidas las sentencias firmes. La norma penal posterior más favorable puede modificar la situación del condenado.

Jurisprudencia: En el caso STS 339/2020, el Tribunal Supremo español aplicó una norma más favorable para reducir las penas en delitos económicos. Este fallo reafirma que la retroactividad benigna es un derecho fundamental garantizado por la Constitución.

Alemania:Norma Aplicable: Artículo 103 de la Ley Fundamental (Grundgesetz) , §2 del Código Penal Alemán (StGB).

Principio Fundamental:Alemania prohíbe la retroactividad de leyes más severas, pero admite la aplicación retroactiva de normas más favorables. Este enfoque busca equilibrar la seguridad jurídica con los principios de humanidad en el derecho penal.

Jurisprudencia:El caso BVerfG 1 BvR 123/83 ejemplifica cómo los tribunales alemanes han aplicado la retroactividad benigna, ajustando sanciones previamente impuestas para reflejar modificaciones legislativas más favorables.

Estados Unidos:Norma Aplicable: Quinta y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución

Principio Fundamental: En general, Estados Unidos limita la retroactividad, salvo en casos excepcionales donde la Corte Suprema intérprete que una norma previa viola derechos constitucionales. Esto refleja un enfoque conservador hacia el principio de retroactividad.

Jurisprudencia:En Welch v. United States (2016), la Corte Suprema permitió retroactividad benigna bajo la Fair Sentencing Act, en un fallo que destaca las excepciones al enfoque restrictivo estadounidense.

Conclusiones

El análisis del Recurso de Nulidad N.º 780-2022 pone de manifiesto la relevancia del principio de retroactividad benigna en el derecho penal, una garantía que busca equilibrar justicia y protección de derechos fundamentales. Este principio, reconocido en el marco constitucional peruano, garantiza que las personas procesadas puedan beneficiarse de normas más favorables, incluso en casos donde las sentencias ya son firmes. La aplicación de este principio en el presente caso no solo permitió una pena proporcional al daño causado, sino que también reforzó la coherencia del sistema penal al adecuar la sanción al contexto normativo vigente.

Asimismo, el caso ilustra la necesidad de que el sistema penal evolucione frente a fenómenos como los delitos informáticos, introduciendo regulaciones específicas que ofrezcan claridad jurídica y protección eficaz del patrimonio. La Ley de Delitos Informáticos N.° 30096 ha fortalecido la respuesta penal a estas conductas, demostrando la importancia de legislar en consonancia con los avances tecnológicos.

A nivel comparado, los sistemas jurídicos de España, Alemania y Estados Unidos abordan de manera diversa el principio de retroactividad benigna, reflejando diferentes concepciones de justicia y seguridad jurídica. Mientras que países como España y Alemania aseguran su aplicación plena, incluso en sentencias firmes, Estados Unidos limita este principio, adaptándolo sólo en casos excepcionales. Este contraste subraya que, aunque las estrategias varían, la retroactividad benigna se mantiene como una herramienta para humanizar el derecho penal y garantizar sanciones equitativas.

Este caso evidencia cómo el bien jurídico de tutela penal guía no solo la redacción de normas, sino también la interpretación judicial y la ejecución de sanciones. Este enfoque asegura un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la salvaguarda de los intereses colectivos, promoviendo la confianza en el sistema penal y fortaleciendo su legitimidad ante la sociedad.